La Golden Share: cómo garantizar el control estatal en empresas privatizadas
La golden share surge en un contexto muy concreto: cuando el Estado decide enajenar – es decir, vender total o parcialmente – sus participaciones accionariales en determinadas empresas y trasladarlas a manos privadas. El objetivo de esta operación no es únicamente obtener ingresos o promover la eficiencia empresarial, sino también garantizar que los servicios de interés público que estas compañías venían prestando, y que afectan directamente a sectores estratégicos, queden suficientemente protegidos incluso después de su privatización.
Por esta razón, varios Estados que llevaron a cabo procesos de privatización de empresas públicas – especialmente en sectores como energía, gas, telecomunicaciones, electricidad, aerolíneas o correos – incorporaron en su legislación una serie de instrumentos de control. Estos mecanismos, diseñados para preservar un cierto margen de intervención estatal, otorgaban prerrogativas especiales que limitaban la autonomía privada y aseguraban cierta influencia en la dirección y en las decisiones estratégicas de las empresas ya privatizadas. Es así como surgió la figura de las denominadas “acciones especiales” o, en inglés, golden share.
Naturaleza de la golden share
A pesar de lo que podría sugerir su nombre, la golden share no implica necesariamente la propiedad real de una acción ordinaria de la sociedad. Más bien se trata de un conjunto de derechos especiales que confieren a su titular —generalmente el Estado— un poder de control significativo sobre la empresa, ejercido a través de determinadas facultades de carácter restrictivo.
Entre los ejemplos más comunes de facultades asociadas a la golden share se encuentran:
- La exigencia de someter ciertas decisiones de la sociedad a una autorización previa del titular de la acción especial.
- El reconocimiento de un derecho de veto sobre determinados acuerdos adoptados por los órganos sociales.
- La posibilidad de participar directamente en la designación de miembros de los órganos de administración, como el consejo de administración o la dirección ejecutiva.
Cabe destacar que, aunque la legislación nacional reconozca este derecho, no existe una obligación automática de ejercerlo. En muchos casos, su mera existencia actúa como mecanismo disuasorio, frenando o evitando la adopción de determinadas decisiones que pudieran ser contrarias al interés público o a la estrategia nacional.
La golden share ante el TJUE
La postura de la Unión Europea sobre esta figura se ha ido configurando a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), siguiendo en gran medida el criterio de la Comisión Europea. Según este marco, cada Estado miembro es libre de privatizar o nacionalizar empresas, siempre y cuando dichas actuaciones no vulneren las disposiciones del Derecho de la Unión.
En este ámbito, los principios más relevantes son la libertad de establecimiento (art. 49 TFUE) y la libre circulación de capitales (art. 63 TFUE). Ambos pueden verse comprometidos cuando el uso de prerrogativas especiales dificulta la participación de inversores, especialmente extranjeros, en el capital de empresas privatizadas.
Ambos pueden verse afectados por el uso de estas prerrogativas. Así, el TJUE ha declarado ilegales —al menos a nivel europeo— los límites que dificulten la participación accionarial extranjera en empresas privatizadas. Ejemplos:
- Las azioni d’oro que el Estado italiano mantenía en la empresa Azienda Elettrica Milanese (STJUE de 6 de diciembre, asuntos C-463/04 y C-464/04).
- La Ley de Privatizaciones española de 1995 (posteriormente derogada).
Requisitos para su legalidad
El uso de golden shares por parte de los gobiernos para controlar empresas privatizadas debe ser siempre:
- Excepcional.
- Basado en el interés general (no discriminatorio, con criterios objetivos y adecuados al fin perseguido).
- Acorde con las normas imperativas del TUE y el TFUE.
Conclusión
Aunque el uso de la golden share no está prohibido, la jurisprudencia europea limita drásticamente las facultades de control estatal sobre las empresas privatizadas. Además, establecer una golden share puede perjudicar a la empresa y sus accionistas, dificultando o impidiendo la libertad en la toma de decisiones en los ámbitos a los que afecta.
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