La Audiencia de Alicante archiva el ‘caso enchufes’ para cinco acusados tras prosperar la estrategia procesal de Devesa
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado el archivo de la causa para cinco de los ocho investigados en el conocido caso enchufes de Benidorm, una resolución relevante para la evolución del propio caso enchufes y que deriva de la estrategia procesal impulsada por Devesa. Entre los beneficiados por este archivo se encuentran la exconcejal de Hacienda, Natalia Guijarro Martínez, así como otros cuatro trabajadores municipales.
La decisión llega tras la estimación de la nulidad de actuaciones planteada en fase de cuestiones previas y liderada por Sebastián Crespo Baeza, socio del área procesal de Devesa, y Judith Torregrosa, asociada del mismo departamento, defensores de Daniel Caneiro Espino, excoordinador de Recursos Humanos, y de la propia Guijarro, cuya situación procesal se enmarcaba también en el caso enchufes.
Vulneración del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La línea argumental de Devesa incidió en la superación de los plazos máximos de instrucción previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un elemento central dentro del debate procesal del caso enchufes. Según las defensas, el Juzgado de Instrucción de Benidorm continuó practicando diligencias, incorporando material probatorio e imputando a nuevos investigados una vez vencido el plazo legal, sin que existiera una prórroga válidamente acordada.
La Audiencia Provincial ha respaldado esta tesis al considerar que el auto por el que se intentó prorrogar la instrucción —solicitado por la Fiscalía— se dictó fuera de plazo, lo que determina la nulidad de todas las diligencias practicadas a partir del 6 de diciembre de 2017, una conclusión con impacto directo en la depuración del caso enchufes. El resto de defensas se adhirió a esta argumentación inicialmente formulada por los letrados de Devesa.
El tribunal entiende que esta prolongación indebida vulneró el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y, en particular, el derecho de defensa, razones que han motivado el archivo parcial de este procedimiento, uno de los hitos más significativos en la evolución reciente del caso enchufes.
Quién continúa en el procedimiento y qué efectos tiene para el caso
Tras la resolución, permanecen como investigados en el caso enchufes:
• El exconcejal socialista Juan Ramón Martínez.
• El técnico que ejercía como coordinador de Recursos Humanos.
• La funcionaria que ocupaba la jefatura del departamento.
Por el contrario, quedan fuera del caso enchufes, salvo eventual recurso:
• Natalia Guijarro Martínez.
• Cuatro trabajadores municipales.
Contexto del ‘caso enchufes’: contrataciones y RPT
El caso enchufes investiga supuestas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de Benidorm entre 2009 y 2012, durante un mandato del PSPV-PSOE. Las acusaciones sostenían que se habría aprobado una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitió incrementar la plantilla y elevar la masa salarial, superando las limitaciones de la tasa de reposición.
Según los escritos iniciales, este escenario habría propiciado la firma de 130 contratos temporales y la mejora de las condiciones laborales de 43 empleados, con un impacto económico estimado en 4,5 millones de euros, tras una denuncia formulada por el sindicato SPPLB.
Expulsión del SPPLB como acusación particular
En la misma sesión, la Audiencia acordó la expulsión del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB) como acusación particular en el caso enchufes, al no considerar que ostente la condición de perjudicado directo. No obstante, se le permite continuar como acción popular, condicionada al depósito de una fianza que podría llegar a 45.000 euros.
Un éxito jurídico para Devesa
La resolución supone un importante éxito procesal para Devesa, al lograrse la declaración de nulidad de una parte sustancial de la instrucción y el archivo para la mayoría de los acusados. Este pronunciamiento refuerza la trascendencia del control de los plazos de instrucción penal y consolida la doctrina sobre las garantías procesales en procedimientos complejos.
El procedimiento continuará con la práctica de la prueba testifical, pericial y las declaraciones de los tres acusados que se mantienen en la causa, quedando las resoluciones actuales pendientes de eventual recurso junto con la futura sentencia.
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