Compliance en el sector turístico: retos y oportunidades
El cumplimiento normativo (o compliance) es una actividad clave en el sector turístico.
Existe una amplia regulación, tanto de normas no legales (como códigos éticos, normas ISO, RSC, protocolos de seguridad, políticas y procedimientos internos) como de normas legales (riesgos laborales, medioambientales, protección de datos personales, blanqueo de capitales o riesgos penales).
Así, la empresa turística se enfrenta al reto de cumplir numerosas normas para garantizar su correcto funcionamiento y evitar sanciones.
Ante esta situación, y debido al escaso autocontrol de algunas empresas y a la complejidad y costes asociados a su fiscalización, los Estados han decidido trasladar a las organizaciones privadas el deber de vigilancia y control de determinadas conductas delictivas.
A cambio, se les concede la posibilidad de exención de responsabilidad penal si cumplen con los programas de cumplimiento adecuados.
¿Qué es el cumplimiento normativo penal en el sector turístico?
Tras la modificación del Código Penal en 2015, las empresas pueden ser penalmente responsables por los actos cometidos por sus directivos o representantes legales, siempre que dichos actos generen un beneficio directo o indirecto para la organización.
Ahora bien, ¿pueden las empresas eximirse de esta responsabilidad criminal?
La respuesta es sí, pero solo si:
- La empresa dispone de un plan de prevención de riesgos penales.
- Existe un control efectivo por parte del Compliance Officer (en caso de que exista).
- Se acredita que no hubo dolo por parte de dicho responsable.
- Antes de la comisión del delito, la empresa adoptó y ejecutó eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Delitos que generan responsabilidad penal en las empresas del sector turístico
Entre los delitos previstos en el Código Penal, destacan aquellos que afectan especialmente al sector turístico, como:
- Estafa y fraude.
- Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
- Infracciones de propiedad intelectual.
- Delitos contra la salud pública (medicamentos y alimentos).
- Delitos contra el mercado y los consumidores.
- Receptación y blanqueo de capitales.
- Daños informáticos.
- Delitos contra la intimidad.
Ejemplos concretos de estos supuestos son la fabricación o venta de alimentos en mal estado, la publicidad engañosa, el almacenamiento de sustancias nocivas, el uso fraudulento de tarjetas de crédito, la captación ilegal de datos personales o la contratación de trabajadores sin documentación.
Cómo deben actuar las empresas del sector turístico para evitar delitos
Para evitar sanciones derivadas de la comisión de estos delitos, las empresas deben contar con un plan de cumplimiento normativo.
Desde la reforma penal de 2015, se exige la preexistencia de un programa o plan que englobe todas las normas, procedimientos y controles, además de la designación de un responsable de cumplimiento que garantice su efectividad.
Este conjunto de normas, políticas, prácticas y procedimientos constituye el llamado Plan de Prevención Penal (PPP).
Su objetivo es prevenir, detectar y gestionar riesgos penales dentro de la organización.
Un programa eficaz debe adaptarse a la cultura y valores de la empresa, a su sistema de gestión y contemplar tres pilares fundamentales: prevención, detección y respuesta.
Cómo implantar un plan de prevención de riesgos penales en el sector turístico
Un plan de prevención penal debe incluir:
- Auditoría: análisis y evaluación de riesgos.
- Mapa de riesgos: identificación del impacto, probabilidad y vulnerabilidad.
- Elaboración del programa de cumplimiento: adaptado a la actividad de la empresa.
- Implementación: formación continua, canal ético y definición del rol del Compliance Officer.
- Modelo de respuesta: acciones concretas ante posibles delitos o incumplimientos.
- Revisión periódica: evaluación y mejora del programa de cumplimiento.
Por qué es esencial implementar un plan de prevención penal en el sector turístico
Si una empresa no cuenta con un plan de prevención penal, puede enfrentarse a sanciones graves, que van desde multas hasta la suspensión de actividad o el cierre definitivo.
Por ello, es imprescindible que las empresas turísticas adopten programas de cumplimiento normativo, tanto para proteger su reputación como para evitar responsabilidades penales que comprometan su continuidad.
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