Cumplimiento normativo: el canal de denuncias

En la constante evolución del entorno legislativo, resulta crucial que las empresas estén al tanto de las modificaciones que puedan afectar su operatividad y, en última instancia, su integridad. En este contexto, la Ley 2/2023 de 20 de febrero, sobre Protección del Denunciante, la cual ha entrado en vigor totalmente a partir del 1 de diciembre de 2023, se aprobó el 16 de febrero de 2023 y transpone la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea. Esta ley establece la obligatoriedad de crear un canal de denuncias para informar sobre infracciones graves o muy graves en vía administrativa a la normativa laboral, tributaria, contratación sector público, etc., así como ilícitos penales cometidos por personas físicas o jurídicas, o que estas sean víctimas/perjudicadas (administración desleal, estafa, apropiación indebida, etc).

¿Para qué empresas es obligatorio el canal de denuncias interno?

Esta normativa impone la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias interno a diversas categorías de entidades, que incluyen:

• Empresas o grupos de empresas con 50 o más trabajadores.
• Entidades públicas de municipios con más de 10.000 habitantes.
• Empresas afectadas por la Ley de Blanqueo de Capitales, independientemente de su número de empleados.
• Empresas dedicadas a productos y mercados financieros.
• Empresas dedicadas a la seguridad en el transporte.
• Empresas afectadas por leyes de protección del medio ambiente.
• Empresas con un programa de compliance, ya que el canal de denuncia es uno de sus elementos.
• Empresas con Plan de Igualdad, ya que deben implementar un canal de denuncia del acoso sexual o por razón de sexo.
• Empresas o entidades del ámbito deportivo, ocio o educativo cuando cuenten con la presencia de menores, para reportar situaciones de acoso o violencia.

¿Cuál es el procedimiento del canal de denuncias interno en empresas?

El objetivo primordial de este canal es fortalecer la ética empresarial y promover la transparencia en el entorno laboral. Cumplir con esta normativa no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para consolidar la confianza de los stakeholders, proteger la reputación de la empresa, salvaguardar la imagen pública, establecer un cortafuegos frente a los incumplidores y protegerse ante posibles eventualidades, atenuando o eximiendo la responsabilidad penal como persona jurídica.

Es esencial realizar un mapa de riesgo que permita una evaluación exhaustiva de la estructura de la organización y de los problemas a los que se puede enfrentar. De esta manera, se puede crear y diseñar un canal de denuncias adaptado a las necesidades específicas de la organización para garantizar su eficacia y cumplimiento legal. Una vez creado, se debe proporcionar formación y sensibilización a los empleados para informarles sobre el funcionamiento del canal de denuncias y su importancia en la protección de la integridad de la organización.

Afrontar una alerta en el canal ético de la organización, gestionarla y resolverla de manera adecuada, puede facilitar la resolución de posibles conflictos que excedan su ámbito y que deban ser puestos en conocimiento de la autoridad competente.