La Ley Concursal: qué debe saber una empresa antes de solicitar el concurso, cuándo pedirlo, cómo funciona y qué deudas exonera
En el momento en que una mercantil experimenta una situación económica crítica, es habitual que surjan dudas sobre cuál es el momento adecuado para actuar. Precisamente para estos escenarios existe el concurso de acreedores, un procedimiento regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), cuya regulación fue profundamente reformada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, con el objetivo de incorporar la normativa europea en materia de reestructuración.
Conocer cuándo debe solicitarse el concurso, cómo se desarrolla el procedimiento y qué consecuencias produce resulta fundamental para adoptar decisiones a tiempo y evitar responsabilidades futuras.
¿Cuándo debe solicitarse el concurso conforme a la Ley Concursal?
La declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor, que puede ser:
- Actual, cuando la empresa ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
- Inminente, cuando el deudor prevé que, en los tres meses siguientes, no podrá hacer frente puntualmente a sus pagos.
El deudor tiene el deber legal de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual.
Retrasar injustificadamente la solicitud puede tener importantes consecuencias jurídicas, entre ellas, la posible calificación del concurso como culpable, con la consiguiente exigencia de responsabilidad a los administradores de la sociedad.
¿Cómo funciona el procedimiento regulado por la Ley Concursal?
El concurso puede solicitarlo:
- El propio deudor, en cuyo caso se tratará de un concurso voluntario.
- Cualquiera de sus acreedores, dando lugar a un concurso necesario.
- En caso de tratarse de una empresa, los socios que sean personalmente responsables de las deudas.
Presentada la solicitud de declaración de concurso, el juez comprobará si concurren los presupuestos subjetivo y objetivo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Concursal y, en su caso, dictará el correspondiente auto de declaración de concurso.
A partir de ese momento, el procedimiento puede seguir dos caminos:
El convenio
Esta alternativa está pensada para empresas que continúan siendo viables y permite pactar medidas como quitas, esperas u otras fórmulas destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones y asegurar la continuidad de la actividad empresarial.
La liquidación
En esta fase se procede a la venta ordenada de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la empresa, destinando el importe obtenido al pago de los acreedores conforme al orden de prelación establecido por la ley.
Con la declaración de concurso se nombrará a la administración concursal, que asumirá funciones de intervención o, cuando proceda, sustituirá al deudor en la gestión de su patrimonio.
Además, quedarán suspendidas, con carácter general, las ejecuciones individuales sobre los bienes que integran la masa activa, evitando así que unos acreedores cobren en perjuicio de otros.
¿Qué sucede con las deudas según la Ley Concursal?
En este punto, resulta fundamental distinguir entre dos supuestos.
Deudas de sociedades mercantiles
Cuando el deudor es una socieda, S.L., S.A., etc., el concurso concluye en fase de liquidación y su patrimonio resulta insuficiente para satisfacer todas las deudas, la sociedad terminará extinguiéndose.
Las deudas no satisfechas no se trasladan a sus socios, salvo que exista responsabilidad personal, como puede suceder en caso de avales, fianzas o responsabilidad de los administradores, entre otros supuestos.
Deudas de empresarios individuales y autónomos
En el caso de empresarios individuales y autónomos, personas físicas, opera la denominada exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), dentro del marco de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Este mecanismo permite que, tras la liquidación del patrimonio o el cumplimiento del correspondiente plan de pagos, el juez cancele las deudas que continúen pendientes, siempre que se entienda que el deudor actúa de buena fe.
¿Qué deudas pueden exonerarse conforme a la Ley Concursal?
La reforma operada en 2022 amplió considerablemente el alcance de este beneficio.
Actualmente, con carácter general, pueden exonerarse tanto los créditos concursales como determinados créditos contra la masa, salvo aquellas deudas que el propio texto legal excluye expresamente, como:
- Determinadas obligaciones de derecho público.
- Las deudas derivadas de responsabilidad civil por delito.
- Ciertos créditos por alimentos.
Además, el artículo 489.1.5.º del TRLC establece que las deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social pueden ser objeto de exoneración dentro de unos límites concretos.
Se exoneran íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda con cada una de estas Administraciones y, a partir de esa cifra, un 50 % adicional, hasta alcanzar un máximo de 10.000 euros exonerados por cada acreedor público.
FAQ sobre la Ley Concursal
¿Cuándo debe una empresa solicitar el concurso de acreedores?
Una empresa debe solicitar el concurso cuando se encuentra en situación de insolvencia actual, es decir, cuando ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.
También puede hacerlo cuando existe insolvencia inminente, que se produce cuando el deudor prevé que, en los tres meses siguientes, no podrá hacer frente puntualmente a sus pagos.
¿Qué plazo tiene una empresa para solicitar el concurso?
El deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual.
¿Qué consecuencias puede tener retrasar la solicitud del concurso?
El retraso injustificado puede provocar la calificación del concurso como culpable y dar lugar a la exigencia de responsabilidad a los administradores de la sociedad.
¿Quién puede solicitar el concurso de acreedores?
El concurso puede ser solicitado por el propio deudor, dando lugar a un concurso voluntario; cualquiera de sus acreedores, en cuyo caso se tratará de un concurso necesario; o los socios que sean personalmente responsables de las deudas de la empresa.
¿Qué comprueba el juez antes de declarar el concurso?
El juez comprobará si concurren los presupuestos subjetivo y objetivo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Concursal.
Si se cumplen los requisitos, dictará el correspondiente auto de declaración de concurso.
¿Qué opciones puede seguir una empresa una vez declarado el concurso?
El procedimiento puede seguir dos caminos principales.
El convenio, dirigido a empresas que continúan siendo viables y que permite acordar quitas, esperas u otras medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.
La liquidación, que consiste en la venta ordenada de los bienes y derechos de la empresa para pagar a los acreedores conforme al orden establecido por la ley.
¿Qué funciones tiene la administración concursal?
La administración concursal puede asumir funciones de intervención sobre la gestión del deudor o, cuando proceda, sustituirlo en la administración de su patrimonio.
¿Se suspenden las ejecuciones contra la empresa?
Con carácter general, la declaración de concurso suspende las ejecuciones individuales sobre los bienes integrados en la masa activa.
Esta medida evita que unos acreedores cobren en perjuicio de otros.
¿Qué sucede con las deudas de una sociedad después de la liquidación?
Cuando el deudor es una sociedad mercantil y su patrimonio no resulta suficiente para pagar todas las deudas, la sociedad terminará extinguiéndose.
Las deudas pendientes no se trasladan a los socios, salvo que exista responsabilidad personal, como en los casos de avales, fianzas o responsabilidad de los administradores.
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