Sanciones penales para la empresa por actos de sus directivos y empleados

Las sanciones penales para la empresa por actos cometidos por sus directivos y/o empleados constituyen una de las consecuencias más relevantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento.

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas derivada de delitos cometidos por sus directivos y/o empleados, y que pivota sobre el artículo 31 bis del citado cuerpo legal, quizá podríamos traer aquí el aspecto más llamativo para el lector acerca de las consecuencias jurídicas para la empresa en estos supuestos.

Dichas consecuencias abarcan desde las sanciones pecuniarias hasta la suspensión temporal o definitiva de la actividad de la empresa, y ya vienen siendo aplicadas por nuestros Tribunales de Justicia a lo largo y ancho del país.

Qué sanciones penales puede recibir una empresa

Así pues, como vemos, al margen de las responsabilidades penales en que puedan haber incurrido los autores personas físicas del delito en cuestión, la empresa, además de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse para la misma por cualquier delito cometido en su seno, también puede ser condenada penalmente, por determinados delitos, a las penas de:

• Disolución de la persona jurídica.
• Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años.
• Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años.
• Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años.
• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años.
• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años.

Sanciones penales y planes de prevención de riesgos penales

Para ello, los jueces atenderán a las reglas establecidas en el artículo 66 bis del Código Penal.

En relación con ello, debe traerse aquí la reiterada exigencia del Tribunal Supremo y la Fiscalía acerca de la existencia de planes de prevención de riesgos penales efectivamente implantados y en vigor en el momento de acaecer los delitos en la empresa.

Estos planes son la única forma de probar las circunstancias extintivas, es decir, las eximentes, y/o modificativas, es decir, las atenuantes, de la responsabilidad penal para estas empresas, sin que puedan tener acogida prácticas de “copy-paste” que en algunos sectores han venido proliferando a modo de manual o código de conducta.

Dichas prácticas ni evalúan las actividades de la empresa en sí, ni, obviamente, los riesgos penales asociados a dichas actividades. En consecuencia, resultan ser un burdo maquillaje que, lejos de producir los deseados efectos atemperadores, revelan al Tribunal cuán poco comprometida está la organización con esta prevención del delito que finalmente se ha cometido en su seno.

El plan de prevención como escudo frente a sanciones penales

Disponer de un plan de prevención efectivo, a medida y en vigor es el único escudo válido que la empresa tiene frente a conductas desleales de sus directivos y/o empleados.

Todo propietario de una empresa debería tomar conciencia de ello para evitar estas penas, que pueden suponer la muerte de la empresa.

FAQ sobre sanciones penales para empresas

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